El difícil acceso al empleo de las personas con discapacidad auditiva en RD

LAS BARRERAS DEL SILENCIO (1/2)

Por Yadimir Crespo, Ana Cueva y Carolina Pichardo
Santo Domingo, RD. “Muchas compañías no nos quieren emplear porque aún creen que somos brutos, que tenemos alguna discapacidad intelectual, que no sabemos hacer nada, la realidad es que tenemos muchas habilidades, solamente necesitamos las oportunidades”, dice entre ademanes y señas Pablo Taveras, presidente de la Asociación Nacional de Sordos (Ansordo).


El artículo 62 de la Constitución Dominicana declara el trabajo como “un derecho, un deber y una función social de todo ciudadano”, pero la barrera comunicativa entre personas sordas y oyentes a veces es vista como limitante para que las personas con discapacidad auditiva sean recibidos como colaboradores en empresas o instituciones públicas.

La abogada y directora ejecutiva de Best Buddies RD, Maureen Tejeda Metz, considera que cuando se habla de inclusión laboral “nos estamos refiriendo a un derecho de cualquier ser humano, sin importar su condición, en especial si posee una discapacidad o no”.


La barrera más importante para la inclusión laboral de esta población es la comunicación.

“Muchas compañías tienen a personas sordas trabajando, pero no tienen un intérprete con ellos”, esa es una de las preocupaciones que embargan a José Osvaldo Hidalgo, un joven con discapacidad auditiva que ha intentado en incontable ocasiones obtener empleo, pero continúa viviendo de trabajos informales.

Pablo Taveras agrega con gestos de preocupación que desde la entrevista hasta el día a día, no tienen cómo comunicarse con sus jefes o compañeros.


La falta de intérpretes, su alto costo y el hecho de que las mismas personas sordas tienen que pagarlos, dificulta aún más la posibilidad de su inserción a un empleo.

Si bien es cierto que las informaciones escritas pueden facilitar un poco la comunicación, la lectura de las personas sordas en general es muy baja por las debilidades del sistema educativo y también porque el español es su segunda lengua, la primera es la lengua de señas.


Como si esto no fuera poco, estos jóvenes se encuentran además con una falta de sensibilización de parte de los empleadores y compañeros de trabajo.

“Muchos de ellos se burlan de nosotros, nos dicen palabras feas, nos tratan mal, etc. y pueden también aparecer conflictos con nuestros compañeros”, explica Pablo.

Otra barrera importante y poco percibida por las personas sin discapacidad es el conocimiento de las funciones y expectativas en los empleos.


En el caso del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, en el área de inclusión y capacitación laboral, en coordinación con algunas empresas e instituciones, realizan proyectos de capacitación e inserción en la vida laboral para las personas sordas.

Pese a esto, los jóvenes ingresan al mundo laboral con poco conocimiento o información errónea sobre las expectativas de un ambiente de trabajo, en el cual posiblemente no cuente con compañeros que dominen su idioma: la lengua de señas.


“Las personas oyentes comienzan a aprender las expectativas de los ambientes laborales desde una temprana edad, escuchando a los de su familia hablar de las mismas, pero nosotros no tenemos acceso a esas información”, agrega Pablo.

Cambios

La inclusión laboral de personas con discapacidad no es un acto filantrópico o de beneficencia y es mucho más que responsabilidad social, es incluso un compromiso legal con el Estado Dominicano, según Tejeda Metz.


“Cuando en una compañía hay una sola persona sorda, ellos se sienten aislados aunque haya comunicación con los oyentes”, asegura Pablo.

Por lo que las empresas necesitan realizar cambios en su plantilla, y en algunos casos hasta de su infraestructura, para poder incluir a las personas con discapacidad.

Sandra Cuevas, directora del Instituto Santa Rosa, recomienda a las empresas conocer las leyes en las que se fundamenta la inclusión de las personas con discapacidad y concientizar al personal sobre las personas sordas. Asimismo, destinar un presupuesto para que los empleados aprendan la lengua de señas.


“Buscamos mayor flexibilidad por parte de los empleadores así como también oportunidades a la hora de trabajar, simplemente por no tener la comunicación no tenemos trabajo, cuando lo que hace falta es un intérprete”, dice José, desempleado, con muestras de indignación.

Esfuerzos

El caso de Arabellys Montero, licenciada en Contabilidad que labora en una institución financiera, es contrario. La joven de 25 años se siente feliz de laborar donde siempre soñó. Pero sobre todo, siente orgullo de que la institución en la que sirve como colaboradora haya dispuesto cursos de lengua de señas para sus compañeros.


“La comunicación a veces es buena, otras no tanto, pero hacen el esfuerzo”, expresa Arabellys entre risas.

Trabajo en pandemia

Al igual que en otros espacios, la pandemia dificultó el desenvolvimiento laboral de las personas sordas.

“Al implementarse el uso de las mascarillas fue muy difícil la comunicación, no podíamos leerle los labios a las personas”, expresa Adriel en un tono un tanto elevado, gracias a la terapia puede utilizar su voz para hablar aunque no escuche de forma total.


Ni siquiera podía comunicarse de forma escrita porque el miedo al contagio hacía que las personas no quisieran tocar o ver los papelitos. Incluso la comunicación por medio de señas se complicaba, porque era difícil entender y mantener la comunicación a distancia.

Para Arabellys Montero también ha sido difícil, algunos oyentes le hablan y ella tiene que explicarles que es sorda.

“Una persona sorda no puede entender a la otra con la que está hablando con la mascarilla, debe depender del texto, de mímicas, de algún mensaje de texto”, dice.


Inclusión, una responsabilidad de todos

La inclusión laboral de personas con discapacidad no es un tema nuevo; pese a esto, los avances continúan siendo muy leves y la realidad de que sectores capaces sean marginados en pleno siglo XXI exige que la inclusión llegue impulsada por verdaderas políticas públicas.

A pesar de los acuerdos internacionales en los que República Dominicana es signataria y que el país cuenta con su propia normativa sobre personas con discapacidad, este sector aún no puede participar en la sociedad y en la actividad económica en igualdad de condiciones que las demás personas.


Un estudio publicado en 2020 por el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que las personas con discapacidad que están activas en el mercado laboral se desempeñan como trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados, como limpiadores y asistentes, peones agropecuarios, pesqueros, forestales, peones de la minería, construcción y transporte, recolectores de desechos y vendedores ambulantes.

Pero esa la lista no acaba ahí, sino que se agregan labores como motoconchos y repartidores, puestos en zonas francas, así como también empacadores en supermercados o como monitores en las escuelas de sordos, según Pablo Taveras, presidente de la Asociación Nacional de Sordos (Ansordo).


De acuerdo a la asesora de Inclusión y Derechos Humanos del PNUD, Ruth Fernández, los datos nombrados indican baja profesionalización de esta población, provocada muchas veces por las barreras de acceso en el ámbito de la educación, aspecto que se abordará en una nueva entrega.

El país no cuenta con estadísticas recientes y actualizadas de la cantidad de personas con discapacidad, pero el Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 2010, reveló que aquellos interesados en trabajar participan en menor medida del mercado laboral en comparación con la población sin discapacidad. Dato que once años después puede haber elevado, a pesar de la aplicación de la Ley No. 5-13 sobre Discapacidad.


Ley 5-13

La nombrada legislación procura garantizar la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad. Entre los aspectos abordados incluye un sistema de cuotas que “lamentablemente no se cumplen en la gran mayoría de las empresas o las instituciones públicas”, según la asesora de inclusión y derechos humanos del PNUD.

La normativa, promulgada en enero de 2013, establece que el 2% del personal de una empresa de al menos 25 empleados, debe tener una discapacidad, y en el caso de las instituciones gubernamentales, un 5%.


“La cuota es un interesante elemento de inclusión, pero tiene 2 situaciones muy preocupantes”, explica en contraste la directora ejecutiva de Best Buddies RD y también abogada, Maureen Tejeda Metz.

Con dos años de experiencia en ámbitos de inclusión, Tejeda cuenta que uno de los factores preocupantes es la discriminación positiva, “que por cumplir una cuota se otorguen espacios a personas con discapacidad, y no por su competencia”.

Mientras que el segundo son las interrogantes que surgen al momento de incluir a la persona con discapacidad: ¿Cuáles son las funciones que están ejerciendo en su área de trabajo? ¿Se hicieron evaluaciones por competencias? ¿Su experiencia va de la mano con la posición que desempeña?


Discriminación

Las circunstancias que cita Tejeda podrían derivar en discriminación, puesto que la inclusión de estas personas no es solo cuestión de brindarles un puesto de trabajo.

“Un trabajo no es simplemente una remuneración que se lleva a un hogar, es empoderamiento, comida, pago de servicios del hogar, un seguro de salud, en conclusión una mejor calidad de vida”, asegura la abogada Maureen Tejeda.

Asimismo, Ruth Fernández señala que este sector de la población desea trabajar para tener ingresos propios y vivir una vida plena y gozar de mejores niveles de autonomía, independencia, bienestar y participación social, por lo que “se consideraría discriminación a que se contrate a personas con discapacidad y no se les asigne un rol en el trabajo”.


Esto significa que para evitar el efecto contrario, las empresas e instituciones que desean ser “inclusivas” y cumplir con la cuota, deben tomar en cuenta los roles que asignaría y las necesidades para cumplirlo.

Desempleo

“Es muy triste ver lo que sucede en la comunidad sorda, el 90% no tiene nada de trabajo”, comenta Priscila Taveras, quien nació con esta discapacidad y es maestra en la Escuela Nacional para Sordos, a la vez que se especializa en Educación Inicial.


Priscila cuenta cómo ha visto que muchos de sus compañeros terminan la escuela y llevan los currículums a diversos lugares pero no aparece nada de trabajo.

El censo poblacional del 2010 indicaba un 12.3% de población con discapacidad, porcentaje del cual más de la mayoría (el 61.1%) se encontraba económicamente inactiva.

“Hay que seguir tocando puertas, seguir buscando nuevas oportunidades y más acceso a los empleos”, dice Priscila, mientras que Pablo Taveras, publicista de profesión y asesor de lengua de señas en Conadis, insta al gobierno que trabaje sin discriminación y con igualdad de acceso a los espacios de trabajo, como sucede con los oyentes.


Faltan estadísticas

Los últimos datos que el país recaba sobre la cantidad de personas con discapacidad son de 2010 y 2013, destacando la ausencia de estadísticas recientes y mecanismos de medición que permitan conocer la situación actual, realizar políticas públicas y ejecutar estrategias para cambiar la realidad.

Si bien es cierto que se ha avanzado en materia de discapacidad, aún hace falta más. El país requiere establecer mecanismos legales para el cumplimiento de esta cuota, concienciación organizacional y un trabajo en conjunto de la población en miras de generar mayor oportunidades a la población con discapacidad.


Responsabilidad de todos

Estas realidades que se presentan como barreras no detienen a las personas sordas, pero ellos esperan que sean eliminadas.

“Si no tengo nada que hacer, salgo a la calle a buscar, tranquilo, simplemente trabajar con el corazón y seguir buscando”, cuenta José con mirada confiada en que alguna puerta laboral se abrirá.

Contrario a José, los jóvenes Arabellys Montero, Priscila Taveras y Pablo Taveras pudieron estudiar en universidades y ejercer sus profesiones o áreas afines. Mientras que su amigo Adriel Lamarche labora en una institución pública, a pesar de no contar con alguna carrera técnica o título de grado.


Igual que estos cinco jóvenes, la comunidad sorda guarda la esperanza de que pronto se establezcan más sistemas de intérpretes, haya más accesibilidad y la discriminación se reduzca a cero.

Al preguntarles sobre su mayor ilusión coincidieron en que las personas oyentes y las personas sordas sean vistas como lo que son, simplemente personas que deben gozar de igualdad de derechos.

Por lo que, como expresó Ruth Fernández a este diario, garantizar el derecho a un trabajo digno a las personas con discapacidad es responsabilidad de toda la sociedad dominicana.