El Coral 5G: Los 25 candados del blindaje

Las Actuales RD

Ayer, la jueza Kenya Romero aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los 13 implicados de la red.

Tres generales y otros altos oficiales de distintas ramas militares, encartados en el Caso Coral 5G, cuando bajaban, ayer, las escalinatas del palacio de justicia de Ciudad Nueva para ser conducidos al juzgado de Atención Permanente, para una vista de medida de coerción VÍCTOR RAMÍREZ/LD

Por Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD. En el documen­to de solicitud de medida de coerción con­tra los 13 im­putados en el caso Coral 5G, la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Admi­nistrativa (Pepca) sostie­ne que estos crearon em­presas, evitaban auditorías con cuadres ficticios, utili­zaban bienes incautados como propios y destruye­ron y fabricaron eviden­cias para mantener oculta la red, entre otras activida­des delictivas.

Según la solicitud de medi­das de coerción en contra de los encartados, que consta de 634 páginas en las que seña­la 25 características que tenía la red, el grupo creó institu­ciones para suplirles combus­tibles y materiales gastables que nunca eran entregados, para lo que realizaban cua­dres ficticios.

Según la instancia, los im­putados “nombraron perso­nas de confianza en los de­partamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimen­ticias, inteligencia y cuen­tas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”.

Señala que el grupo tam­bién asignó partidas mi­llonarias mensuales para raciones y operaciones de in­teligencia, que eran utiliza­das para gastos personales e inversiones de los directo­res y financieros de las insti­tuciones.

Afirma que también exi­gían sumas millonarias, co­mo sobornos, a empresa­rios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Se­guridad Turística (Cestur).

Asimismo, anota la acusa­ción, “utilizaron militares y policías que se prestaron pa­ra hacer millonarias transac­ciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fon­dos extraídos del patrimonio público, a través de institucio­nes castrenses y otras organi­zaciones”.

Según el expediente, los pro­cesados “inyectaron dinero en una empresa disfrazada de aso­ciación, que realizó operacio­nes millonarias típicas de una organización empresarial, pe­ro con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio aparien­cia de una Organización no Gu­bernamental”, explica.

Indica que pese a la crea­ción de las empresas para ad­quirir bienes, estas no presen­tan operaciones comerciales, y establece que su único fin era “darle apariencia licita a las propiedades que adqui­rían los miembros de la orga­nización”.

Señala que en ese proce­so también fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma “son maniobras propias del crimen organiza­do y le servían de escudo para disfrazar operaciones millo­narias de lavado de activos”.

Los implicados “distraje­ron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanom­bres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobra­do, cada mes, para ser distri­buido entre los miembros de la organización”.

El Ministerio Público afir­ma que esta red utilizaba se­llos de la Contraloría Gene­ral de la República y otras instituciones para dar apa­riencia licita a sus operacio­nes.

Fruto de esas maniobras, agrega, “adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fin­cas, empresas, cuentas banca­rias...) para colocar los activos distraídos del patrimonio pú­blico y hacerse titulares a tra­vés de personas físicas y jurí­dicas de cuantiosas fortunas”.

También, añade, utilizaron bienes incautados como pro­pios, acciones que afirma les permitían poseer un estilo de vida propio del crimen orga­nizado.

El Ministerio Público solici­ta, en la solicitud de medida de coerción, que el caso sea decla­rado complejo y a los imputa­dos se les dicte 18 meses de pri­sión preventiva.

En el caso figuran, como imputados, el general Juan Carlos Torres Robiou; el ge­neral Julio Camilo de los San­tos Viola; el general Boaner­ges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores; el coronel para­caidista Carlos Augusto Lan­tigua Cruz; el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez; el teniente coronel Kelman Santana Martínez; el ma­yor José Manuel Rosario Pi­rón; César Félix Ramos Ova­lle; Miguel Ventura Pichardo; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco.

Una empleada clave en el entramado
La Pepca sostiene, en su ins­tancia, la teoría de que más del 90% de las operaciones financieras de esta red de co­rrupción fueron realizadas por la imputada Esmeralda Ortega Polanco, en una su­cursal del Banco de Reservas en la avenida Venezuela, de Santo Domingo Este.

En concurso con esa ge­rente bancaria, anota, “se evitaban los controles del sistema financiero, eviden­ciándose en que, a pesar de haberse manejado cien­tos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos repor­tes de transacciones sospe­chosas y escasos reportes de transacciones en efectivo”.

Además, señala el en­te acusador que los imputa­dos eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su geren­te, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Tran­sacciones Sospechosas (ROS) en el Sistema Financiero Do­minicano.

El Ministerio Público sos­tiene que la imputada era una especie de “asistente financie­ra” del coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los imputados en el caso

Expareja de oficial tenía control de empresa
De acuerdo al documento, la imputada Lucía Rodríguez Jiménez, pareja sentimental y madre de dos hijos del im­putado Núñez de Aza, man­tenía el control operativo y la administración de dicha em­presa, además de trabajar en el área financiera del Cestur, específicamente como suben­cargada de auditoría interna.

Señala que esta imputa­da, buscando cómo desligar­se de la empresa en los docu­mentos societarios, le otorgó a su asistente, Nicole Gonzá­

 lez Núñez, el 7 de diciembre de 2015, un poder para reali­zar gestiones de aperturas de cuentas a nombre de la em­presa, en la sucursal del Ban­co de Reservas de la avenida Venezuela, y además le auto­rizaba la firma de cheques a nombre de SSA Corporation.

Similitudes en manejo de nóminas
Una de las principales fuen­tes de recursos ilícitos utili­zada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especia­lizado de Seguridad Turísti­ca (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presi­dencial (Cusep).

Se establece que existía un esquema tipo piramidal en el que, en el caso del Cestur, el imputado Juan Carlos To­rres Robiou, aprobaba nom­bramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el Director del Departamento de Recursos Humanos, el im­putado coronel Yehudy Blan­desmil Guzmán Alcántara, en nómina por el gerente fi­nanciero, el imputado Rafael Núñez de Aza, y el encargado de tecnología y nómina, im­putado Raúl Alejandro Girón Jiménez.

 ENTRAMADO
Pasos para no levantar alertas.
Según la pieza acu­satoria levantada por el Ministerio Público, los imputados eligieron una sucursal del Banco de Reservas y a su ge­rente, para que las tran­sacciones realizadas por estos policías y mi­litares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospe­chosas en el Sistema Fi­nanciero Dominicano.