En RD: La Comunidad sorda aún espera que se cumpla la Ley 43-23
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Lengua de señas
La alegría que les inundó, se ha visto opacada por la espera de su concreción bajo el silencio de las autoridades competentes
Por Yadimir Crespo
Lengua de señas
La alegría que les inundó, se ha visto opacada por la espera de su concreción bajo el silencio de las autoridades competentes
Por Yadimir Crespo
Tras manifestaciones a las afueras del Congreso Nacional e incesantes reuniones con distintos senadores y diputados, hace dos años fue promulgada la Ley No. 43-23, que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana. Un hito que ha hecho muy feliz a las personas con discapacidad auditiva, en palabras de Pablo Taveras, miembro de ella, “pero falta mucho todavía, muchas cosas por hacer”.
La alegría que les inundó aquel 1 de agosto se ha visto opacada por la espera de su concreción bajo el silencio de las autoridades competentes.
“Hubo como un silencio después y estamos esperando, pero los sordos no estamos callados”, manifiesta Pablo a través de su novia, que hoy le asiste como intérprete de señas. “Vamos a seguir luchando, moviendo; el gobierno, por ejemplo, puede decir que se aprobó la ley y ya tenemos que estar felices. Pero no, nosotros estamos esperando que eso pase, esperando que el gobierno cumpla con esa ley para romper esas barreras que existen”.
Algunas preguntas que inquietan a los jóvenes con esta discapacidad en este Día Internacional de las Lenguas de Señas son: “¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no hay movimiento? O sea, tenemos la ley, ¿qué pasa?”.
El gran ausente y posible respuesta a esas dudas es el reglamento con el que se va a ejecutar la ley. El mismo debía ser publicado 180 días después, pero esta es la fecha en que se desconoce su estado.
Pablo tiene datos de que es un compromiso con el que el gobierno pretende cumplir este año y espera que lo realicen pronto, ya que en el caso de la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), se tardaron poco más de un año.
El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) atribuye el retraso a procesos de investigación con instituciones homólogas sobre cómo ha sido la aplicación de legislaciones parecidas en sus países y, especialmente, a no contar con suficientes asociaciones de personas sordas para que exista un diálogo y un consenso entre todos los sectores involucrados.
“Cuando hablamos de sentar a todos los sectores involucrados, tenemos una dificultad país y es que no tenemos ninguna asociación o fundación de personas sordas actualmente legalizada y habilitada (...) ni siquiera a Ansordo”, expresó Katherine Rodríguez, directora técnica de la entidad, argumentando que no se pueden tomar decisiones sobre la lengua de señas sin las personas que la utilizan.
Alan Jesurum, presidente interino de Ansordo.Jorge Martínez
La Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (Ansordo), principal institución que agrupa a esta comunidad, reconoce que la necesidad de la asamblea para sus elecciones internas ha influido en el retraso, pero que también existe una debilidad: la falta de apoyo que han tenido para su realización, como por ejemplo la falta de fondos y recursos económicos.
La entidad está cursando una nueva etapa y espera a que ya esté establecido el presidente para poder trabajar en pro de los reglamentos de la ley.
“La ley está muy bien, pero sin los reglamentos, no tiene manera de que se cumpla como debe ser, de que reciba apoyo del gobierno y demás instituciones que velen por el cumplimiento”, afirmó el presidente interino de Ansordo, Alan Jesurum.
Asimismo, Jesurum considera que en el reglamento se debería incluir que las personas sordas reciban apoyo económico para el pago de los servicios de interpretación y becas para sus estudios, así como también campañas de concienciación en torno a ese futuro reglamento.
La salud, el gran ausente
“El área médica que hoy día está virgen, un área tan importante, si una persona sorda se enferma, ¿cómo tiene a su favor un intérprete?”, esta preocupación la externa Melqui Pérez, un intérprete que además es hijo de padres sordos.
Ciertamente, el sector salud no fue mencionado en la ley y, en la práctica, Johanny Florentino, quien tiene más de una década acompañando a sordos como intérprete, asegura que no tiene conocimiento de la existencia de intérpretes en el sector salud, es decir, “que sean fijos, que estén en algún hospital o en algún centro médico donde la persona sorda, cuando tenga su cita o una emergencia, pueda llamar a este intérprete; no, todavía eso no existe”.
“Cuando la persona sorda tiene que ir a una cita médica, tiene que buscar el intérprete por cuenta propia y no solamente buscarlo, sino también costearlo”, agrega Florentino, recordando que las condiciones económicas de la mayoría de las personas sordas no suelen ser las mejores.
Por otro lado, Greysi García, expresidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes de la Lengua de Señas de la República Dominicana (Anilesred), cree que este es uno de los sectores más difíciles; no obstante, considera que, si las entidades se dedican a especializar intérpretes, se puede avanzar en este aspecto.
Y si el acceso a la salud en general es complicado, aún lo es más la salud mental.
“A veces la propia familia no tiene el dominio de la lengua de señas o no tiene un intérprete que les pueda acompañar hasta el psicólogo, o los propios psicólogos y centros de consulta de salud mental aquí en República Dominicana no están preparados o han pensado en esta comunidad”, afirma Florentino.
Listín Diario se contactó con el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) con el fin de conocer a algún profesional de la salud mental que domine la lengua de señas, pero no tienen en su directorio.
No obstante, el Instituto para Sordos Santa Rosa, Inc. ofrece estos servicios tanto a niños, adolescentes y adultos con pérdida de audición, como también a padres o familiares de personas con discapacidad auditiva.
Call center para sordos
Conscientes de esta realidad, desde el Conadis se está gestando un proyecto que consiste en un call center a través del cual las personas sordas puedan acceder a intérpretes mediante videollamadas.
“Es complicado poder asegurar un intérprete por cada hospital, por cada consulta, por cada especialidad, es muy complejo”, dice Rodríguez, “pero lo que hacen muchos de esos países es que tienen intérpretes itinerantes, que van y vienen o que están por videollamada”. En el nuestro, esta idea continúa en la fase de investigación.
Katherine Rodríguez, directora técnica del Conadis.Enriquillo Billini
La experta en inclusión reconoce la necesidad y el deseo de privacidad de algunas de estas personas, así como también de contar con ayuda monetaria para costear estos intérpretes. Sin embargo, Rodríguez explica que “en la mayoría de los países (los intérpretes) lo sigue pagando la persona sorda o en ayuda con el gobierno”.
De todas formas, la directora técnica del Conadis argumenta que no cuentan con la cantidad de intérpretes necesaria para contratar en las instituciones públicas.
Compromisos a medias
Uno de los aspectos más importantes es la responsabilidad del Estado ante la comunidad sorda: “fomentará y apoyará (...) la integración de intérpretes y guías intérpretes para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general”, así como también la promoción de la lengua de señas en transmisiones estatales, esto último para el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las cámaras legislativas y los órganos extrapoder.
Tras una revisión a las nóminas de todos los ministerios por medio de los portales de transparencia de cada uno, no hay contratados o entre el personal fijo algún intérprete de lengua de señas a mayo de 2025.
Aunque sí hay entre uno y dos intérpretes en otras entidades estatales. Asimismo, en las nóminas del Ministerio de Educación destacan los monitores de educación sorda.
Tanto la Presidencia de la República como la Cámara de Diputados cuentan con intérpretes, aunque en esta última no es que sean visibles durante toda la transmisión de las sesiones. Mientras que el Senado de la República no tenía intérpretes en las transmisiones de los últimos meses de la legislación pasada, tampoco en el canal de YouTube del Poder Judicial.
Intérprete comunica en lengua de señas un mensaje del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, durante la transmisión de un evento del Poder Ejecutivo.Fuente externa
Para tener datos más certeros, por medio de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Administración Pública fue solicitada la cantidad de intérpretes que están nombrados en instituciones públicas. No obstante, el órgano rector del empleo público redirigió la consulta al Conadis bajo el argumento de que no manejan quiénes están dentro de la nómina.
Sobre ello, la ingeniera Alma Ferrera, encargada de la división de Desarrollo de Normativas del Conadis, respondió a través de una solicitud de información que no ofrecen el servicio externo de interpretación a lengua de señas, pero que cuentan con intérpretes internos en planta y externos contratados a demanda.
Asimismo, colaboradores de la entidad aseguraron que recomiendan agencias de intérpretes a otras instituciones y estos se gestionan a través de los departamentos de Compras y Contrataciones.
Los gastos en estos intérpretes para otras instituciones desde la promulgación de la ley se elevan a RD$5,878,617, siendo Defensor del Pueblo el ente que más ha destinado fondos para esto desde 2023, según datos publicados en la Dirección General de Compras y Contrataciones.
¿Quién es el responsable?
Con el objetivo de que las personas sordas puedan ejercer plenamente los derechos conferidos por la Constitución y las leyes, en tres artículos de la Ley 43-23 (artículos 5, 6 y 13) se habla de la integración de intérpretes, pero no se determina quién vela por el cumplimiento de lo establecido, ni las sanciones en caso de no cumplir.
En este aspecto, Conadis “tiene que motivar a que todas las instituciones a que tengan intérpretes”, según Rodríguez, pero “no es que tiene que asegurar o tener esos intérpretes”.
Sanciones por incumplimiento
Algo en que coinciden los expertos es que el reglamento debería contemplar sanciones. Pero el Conadis, en voz de su directora técnica, no puede asegurar que lo lleve porque no lo han iniciado todavía.
“Al final, el reglamento no es un equipo técnico que lo hace de manera unilateral, sino que son mesas de trabajo donde se plantea qué debe tener el reglamento. Entonces, deberían estar contempladas sus sanciones, pero no es algo que pueda asegurar porque no está todavía desarrollado”, aseguró Rodríguez.
No obstante, Conadis insiste en que esta ley “no viene a darle derechos a la persona con discapacidad auditiva, porque los derechos de la persona con discapacidad auditiva están desde la Constitución”. El objetivo de esta ley es reconocer la lengua de señas dominicana como idioma nato de las personas sordas en este país.
Aunque no da derechos, la experta añade que esta legislación facilita la inclusión y la accesibilidad para la persona sorda ante su principal barrera: la comunicación. Así se asegura el acceso de las personas sordas a la información en su lengua materna y la presencia de personas que dominen este idioma en instituciones públicas y privadas.
“La ley viene a motorizar un poco que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, porque si yo aseguro la lengua de señas, voy a asegurar la accesibilidad en la comunicación para la persona sorda y eso va a mejorar entonces la participación de la persona sorda y, obviamente, su inclusión social”, agregó Rodríguez.
A su vez, Jesurum revalida la opinión de Rodríguez: “es muy importante que tengamos esta ley y la razón es porque hay muchas personas que hablan de la lengua de señas y no saben lo que es realmente la lengua de señas, pero no entienden que es el modo de comunicarse a las personas sordas, que es un idioma igual que cualquier otro”, dijo enumerando el español, el francés y el inglés.
La alegría que les inundó aquel 1 de agosto se ha visto opacada por la espera de su concreción bajo el silencio de las autoridades competentes.
“Hubo como un silencio después y estamos esperando, pero los sordos no estamos callados”, manifiesta Pablo a través de su novia, que hoy le asiste como intérprete de señas. “Vamos a seguir luchando, moviendo; el gobierno, por ejemplo, puede decir que se aprobó la ley y ya tenemos que estar felices. Pero no, nosotros estamos esperando que eso pase, esperando que el gobierno cumpla con esa ley para romper esas barreras que existen”.
Algunas preguntas que inquietan a los jóvenes con esta discapacidad en este Día Internacional de las Lenguas de Señas son: “¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no hay movimiento? O sea, tenemos la ley, ¿qué pasa?”.
El gran ausente y posible respuesta a esas dudas es el reglamento con el que se va a ejecutar la ley. El mismo debía ser publicado 180 días después, pero esta es la fecha en que se desconoce su estado.
Pablo tiene datos de que es un compromiso con el que el gobierno pretende cumplir este año y espera que lo realicen pronto, ya que en el caso de la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), se tardaron poco más de un año.
El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) atribuye el retraso a procesos de investigación con instituciones homólogas sobre cómo ha sido la aplicación de legislaciones parecidas en sus países y, especialmente, a no contar con suficientes asociaciones de personas sordas para que exista un diálogo y un consenso entre todos los sectores involucrados.
“Cuando hablamos de sentar a todos los sectores involucrados, tenemos una dificultad país y es que no tenemos ninguna asociación o fundación de personas sordas actualmente legalizada y habilitada (...) ni siquiera a Ansordo”, expresó Katherine Rodríguez, directora técnica de la entidad, argumentando que no se pueden tomar decisiones sobre la lengua de señas sin las personas que la utilizan.
Alan Jesurum, presidente interino de Ansordo.Jorge Martínez
La Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (Ansordo), principal institución que agrupa a esta comunidad, reconoce que la necesidad de la asamblea para sus elecciones internas ha influido en el retraso, pero que también existe una debilidad: la falta de apoyo que han tenido para su realización, como por ejemplo la falta de fondos y recursos económicos.
La entidad está cursando una nueva etapa y espera a que ya esté establecido el presidente para poder trabajar en pro de los reglamentos de la ley.
“La ley está muy bien, pero sin los reglamentos, no tiene manera de que se cumpla como debe ser, de que reciba apoyo del gobierno y demás instituciones que velen por el cumplimiento”, afirmó el presidente interino de Ansordo, Alan Jesurum.
Asimismo, Jesurum considera que en el reglamento se debería incluir que las personas sordas reciban apoyo económico para el pago de los servicios de interpretación y becas para sus estudios, así como también campañas de concienciación en torno a ese futuro reglamento.
La salud, el gran ausente
“El área médica que hoy día está virgen, un área tan importante, si una persona sorda se enferma, ¿cómo tiene a su favor un intérprete?”, esta preocupación la externa Melqui Pérez, un intérprete que además es hijo de padres sordos.
Ciertamente, el sector salud no fue mencionado en la ley y, en la práctica, Johanny Florentino, quien tiene más de una década acompañando a sordos como intérprete, asegura que no tiene conocimiento de la existencia de intérpretes en el sector salud, es decir, “que sean fijos, que estén en algún hospital o en algún centro médico donde la persona sorda, cuando tenga su cita o una emergencia, pueda llamar a este intérprete; no, todavía eso no existe”.
“Cuando la persona sorda tiene que ir a una cita médica, tiene que buscar el intérprete por cuenta propia y no solamente buscarlo, sino también costearlo”, agrega Florentino, recordando que las condiciones económicas de la mayoría de las personas sordas no suelen ser las mejores.
Por otro lado, Greysi García, expresidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes de la Lengua de Señas de la República Dominicana (Anilesred), cree que este es uno de los sectores más difíciles; no obstante, considera que, si las entidades se dedican a especializar intérpretes, se puede avanzar en este aspecto.
Y si el acceso a la salud en general es complicado, aún lo es más la salud mental.
“A veces la propia familia no tiene el dominio de la lengua de señas o no tiene un intérprete que les pueda acompañar hasta el psicólogo, o los propios psicólogos y centros de consulta de salud mental aquí en República Dominicana no están preparados o han pensado en esta comunidad”, afirma Florentino.
Listín Diario se contactó con el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) con el fin de conocer a algún profesional de la salud mental que domine la lengua de señas, pero no tienen en su directorio.
No obstante, el Instituto para Sordos Santa Rosa, Inc. ofrece estos servicios tanto a niños, adolescentes y adultos con pérdida de audición, como también a padres o familiares de personas con discapacidad auditiva.
Call center para sordos
Conscientes de esta realidad, desde el Conadis se está gestando un proyecto que consiste en un call center a través del cual las personas sordas puedan acceder a intérpretes mediante videollamadas.
“Es complicado poder asegurar un intérprete por cada hospital, por cada consulta, por cada especialidad, es muy complejo”, dice Rodríguez, “pero lo que hacen muchos de esos países es que tienen intérpretes itinerantes, que van y vienen o que están por videollamada”. En el nuestro, esta idea continúa en la fase de investigación.
Katherine Rodríguez, directora técnica del Conadis.Enriquillo Billini
La experta en inclusión reconoce la necesidad y el deseo de privacidad de algunas de estas personas, así como también de contar con ayuda monetaria para costear estos intérpretes. Sin embargo, Rodríguez explica que “en la mayoría de los países (los intérpretes) lo sigue pagando la persona sorda o en ayuda con el gobierno”.
De todas formas, la directora técnica del Conadis argumenta que no cuentan con la cantidad de intérpretes necesaria para contratar en las instituciones públicas.
Compromisos a medias
Uno de los aspectos más importantes es la responsabilidad del Estado ante la comunidad sorda: “fomentará y apoyará (...) la integración de intérpretes y guías intérpretes para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general”, así como también la promoción de la lengua de señas en transmisiones estatales, esto último para el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las cámaras legislativas y los órganos extrapoder.
Tras una revisión a las nóminas de todos los ministerios por medio de los portales de transparencia de cada uno, no hay contratados o entre el personal fijo algún intérprete de lengua de señas a mayo de 2025.
Aunque sí hay entre uno y dos intérpretes en otras entidades estatales. Asimismo, en las nóminas del Ministerio de Educación destacan los monitores de educación sorda.
Tanto la Presidencia de la República como la Cámara de Diputados cuentan con intérpretes, aunque en esta última no es que sean visibles durante toda la transmisión de las sesiones. Mientras que el Senado de la República no tenía intérpretes en las transmisiones de los últimos meses de la legislación pasada, tampoco en el canal de YouTube del Poder Judicial.
Intérprete comunica en lengua de señas un mensaje del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, durante la transmisión de un evento del Poder Ejecutivo.Fuente externa
Para tener datos más certeros, por medio de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Administración Pública fue solicitada la cantidad de intérpretes que están nombrados en instituciones públicas. No obstante, el órgano rector del empleo público redirigió la consulta al Conadis bajo el argumento de que no manejan quiénes están dentro de la nómina.
Sobre ello, la ingeniera Alma Ferrera, encargada de la división de Desarrollo de Normativas del Conadis, respondió a través de una solicitud de información que no ofrecen el servicio externo de interpretación a lengua de señas, pero que cuentan con intérpretes internos en planta y externos contratados a demanda.
Asimismo, colaboradores de la entidad aseguraron que recomiendan agencias de intérpretes a otras instituciones y estos se gestionan a través de los departamentos de Compras y Contrataciones.
Los gastos en estos intérpretes para otras instituciones desde la promulgación de la ley se elevan a RD$5,878,617, siendo Defensor del Pueblo el ente que más ha destinado fondos para esto desde 2023, según datos publicados en la Dirección General de Compras y Contrataciones.
¿Quién es el responsable?
Con el objetivo de que las personas sordas puedan ejercer plenamente los derechos conferidos por la Constitución y las leyes, en tres artículos de la Ley 43-23 (artículos 5, 6 y 13) se habla de la integración de intérpretes, pero no se determina quién vela por el cumplimiento de lo establecido, ni las sanciones en caso de no cumplir.
En este aspecto, Conadis “tiene que motivar a que todas las instituciones a que tengan intérpretes”, según Rodríguez, pero “no es que tiene que asegurar o tener esos intérpretes”.
Sanciones por incumplimiento
Algo en que coinciden los expertos es que el reglamento debería contemplar sanciones. Pero el Conadis, en voz de su directora técnica, no puede asegurar que lo lleve porque no lo han iniciado todavía.
“Al final, el reglamento no es un equipo técnico que lo hace de manera unilateral, sino que son mesas de trabajo donde se plantea qué debe tener el reglamento. Entonces, deberían estar contempladas sus sanciones, pero no es algo que pueda asegurar porque no está todavía desarrollado”, aseguró Rodríguez.
No obstante, Conadis insiste en que esta ley “no viene a darle derechos a la persona con discapacidad auditiva, porque los derechos de la persona con discapacidad auditiva están desde la Constitución”. El objetivo de esta ley es reconocer la lengua de señas dominicana como idioma nato de las personas sordas en este país.
Aunque no da derechos, la experta añade que esta legislación facilita la inclusión y la accesibilidad para la persona sorda ante su principal barrera: la comunicación. Así se asegura el acceso de las personas sordas a la información en su lengua materna y la presencia de personas que dominen este idioma en instituciones públicas y privadas.
“La ley viene a motorizar un poco que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, porque si yo aseguro la lengua de señas, voy a asegurar la accesibilidad en la comunicación para la persona sorda y eso va a mejorar entonces la participación de la persona sorda y, obviamente, su inclusión social”, agregó Rodríguez.
A su vez, Jesurum revalida la opinión de Rodríguez: “es muy importante que tengamos esta ley y la razón es porque hay muchas personas que hablan de la lengua de señas y no saben lo que es realmente la lengua de señas, pero no entienden que es el modo de comunicarse a las personas sordas, que es un idioma igual que cualquier otro”, dijo enumerando el español, el francés y el inglés.
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