Barahoneros a luchar contra la BELFOND.
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Falta Belfond: una deuda de coherencia ambiental en el Bahoruco Oriental

El reciente freno al proyecto minero Romero por parte del presidente Luis Abinader marca un precedente positivo. Representa una respuesta a la presión social y un reconocimiento al menos parcial de que la defensa del agua, la vida y el territorio no puede seguir siendo ignorada. Sin embargo, la medida, aunque acertada, resulta incompleta.
Si realmente existe una intención firme de proteger el medio ambiente, la lógica exige actuar con la misma contundencia frente a la empresa Belfond Enterprise. No tiene sentido frenar un proyecto por sus riesgos ecológicos mientras otro continúa operando en una zona igualmente frágil, o incluso más vulnerable.
El Bahoruco Oriental no es un territorio cualquiera. Se trata de una región clave por su alta pluviometría y por ser fuente de importantes corrientes de agua, muchas de ellas subterráneas, que sostienen una agricultura precaria y comunidades que dependen directamente de estos recursos. En este contexto, el agua no es solo un recurso: es la base de la supervivencia.
Permitir actividades extractivas en esta área implica poner en riesgo un equilibrio ecológico delicado, donde cualquier alteración puede desencadenar consecuencias irreversibles. No se trata solo de impactos ambientales aislados, sino de efectos en cadena: deterioro de la producción agrícola, afectaciones a la salud y desestabilización social. En última instancia, se empuja a las comunidades hacia un desplazamiento silencioso.
La narrativa que presenta la minería como sinónimo de desarrollo ha sido cuestionada en múltiples escenarios. Como advierte Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, el progreso moderno suele tener un costo destructivo y no siempre reduce la pobreza; en muchos casos, la profundiza. Esta no es una reflexión abstracta, sino una realidad comprobada en diversas regiones donde la minería ha dejado más daños que beneficios.
Por eso, el debate no puede manejarse con criterios selectivos. No es coherente proteger recursos en una provincia y desentenderse en otra. La defensa ambiental debe ser integral, sin dobles estándares ni excepciones convenientes.
Si ya se reconoce que el proyecto Romero carece de viabilidad social y ambiental, surge una pregunta inevitable: ¿por qué se permite que Belfond continúe operando en el Bahoruco Oriental?
La coherencia no se proclama, se demuestra. Si el compromiso es genuino con la vida, el agua y las futuras generaciones, entonces debe aplicarse en todos los territorios por igual. No existen zonas desechables cuando se trata de recursos esenciales.
El Sur no necesita depender de la minería para avanzar. Su verdadero desarrollo pasa por la protección de sus recursos naturales, la inversión en su gente y el fortalecimiento de su vocación productiva.
Porque, al final, la riqueza no está en los minerales ocultos bajo la tierra, sino en el agua que hace posible la vida. Y hoy, más que nunca, la omisión frente a Belfond evidencia una preocupante falta de coherencia.

El reciente freno al proyecto minero Romero por parte del presidente Luis Abinader marca un precedente positivo. Representa una respuesta a la presión social y un reconocimiento al menos parcial de que la defensa del agua, la vida y el territorio no puede seguir siendo ignorada. Sin embargo, la medida, aunque acertada, resulta incompleta.
Si realmente existe una intención firme de proteger el medio ambiente, la lógica exige actuar con la misma contundencia frente a la empresa Belfond Enterprise. No tiene sentido frenar un proyecto por sus riesgos ecológicos mientras otro continúa operando en una zona igualmente frágil, o incluso más vulnerable.
El Bahoruco Oriental no es un territorio cualquiera. Se trata de una región clave por su alta pluviometría y por ser fuente de importantes corrientes de agua, muchas de ellas subterráneas, que sostienen una agricultura precaria y comunidades que dependen directamente de estos recursos. En este contexto, el agua no es solo un recurso: es la base de la supervivencia.
Permitir actividades extractivas en esta área implica poner en riesgo un equilibrio ecológico delicado, donde cualquier alteración puede desencadenar consecuencias irreversibles. No se trata solo de impactos ambientales aislados, sino de efectos en cadena: deterioro de la producción agrícola, afectaciones a la salud y desestabilización social. En última instancia, se empuja a las comunidades hacia un desplazamiento silencioso.
La narrativa que presenta la minería como sinónimo de desarrollo ha sido cuestionada en múltiples escenarios. Como advierte Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, el progreso moderno suele tener un costo destructivo y no siempre reduce la pobreza; en muchos casos, la profundiza. Esta no es una reflexión abstracta, sino una realidad comprobada en diversas regiones donde la minería ha dejado más daños que beneficios.
Por eso, el debate no puede manejarse con criterios selectivos. No es coherente proteger recursos en una provincia y desentenderse en otra. La defensa ambiental debe ser integral, sin dobles estándares ni excepciones convenientes.
Si ya se reconoce que el proyecto Romero carece de viabilidad social y ambiental, surge una pregunta inevitable: ¿por qué se permite que Belfond continúe operando en el Bahoruco Oriental?
La coherencia no se proclama, se demuestra. Si el compromiso es genuino con la vida, el agua y las futuras generaciones, entonces debe aplicarse en todos los territorios por igual. No existen zonas desechables cuando se trata de recursos esenciales.
El Sur no necesita depender de la minería para avanzar. Su verdadero desarrollo pasa por la protección de sus recursos naturales, la inversión en su gente y el fortalecimiento de su vocación productiva.
Porque, al final, la riqueza no está en los minerales ocultos bajo la tierra, sino en el agua que hace posible la vida. Y hoy, más que nunca, la omisión frente a Belfond evidencia una preocupante falta de coherencia.
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